Durante la sesión, el magistrado señaló que el derecho a una defensa técnica es un principio primordial que debe evaluarse frente a las sanciones económicas vigentes.
Los fiscales estadounidenses argumentaron que el apoyo económico proveniente de Venezuela debe impedirse por motivos de seguridad nacional y política exterior. Sin embargo, el juez de 92 años desestimó esta postura al considerar que los acusados ya se encuentran en territorio estadounidense y no representan una amenaza directa en este contexto judicial.
Por su parte, el equipo legal de la pareja solicitó desestimar el caso completo bajo el argumento de que las restricciones financieras vulneran sus derechos constitucionales. Aunque Hellerstein rechazó la solicitud de archivar el proceso de inmediato, reconoció que la complejidad de los cargos de narcoterrorismo justifica el uso de abogados privados.
Se espera que en los próximos días se dé a conocer la resolución definitiva sobre este conflicto de intereses entre las sanciones y el derecho jurídico. Mientras tanto, el proceso que se originó tras la captura de ambos en enero de 2026 continúa su curso bajo una estricta vigilancia internacional.
Se mantienen los cargos presentados en el "indictment" tras su captura el 3 de enero de 2026. Los cargos principales incluyen:
- Conspiración para narcoterrorismo.
- Conspiración para la importación de cocaína a gran escala hacia Estados Unidos.
- Posesión y conspiración para el uso de ametralladoras y artefactos destructivos.
- Lavado de dinero y corrupción.
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